Los Cerrillos: carta abierta al Ministro de Obras Públicas

Estimado Sr. Ministro:

En días recientes la prensa ha informado que Ud. firmó la resolución del Ministerio a su cargo, que da inicio a la construcción del nuevo aeródromo de Peldehue, y al acuerdo con el Ejército, que aportará los terrenos requeridos.  La información agrega que el nuevo aeródromo tendrá una pista de 1.150 m de longitud (ampliable a 1.500 m), y que permitirá albergar las operaciones que antes se efectuaban en Los Cerrillos y un 30% de las actuales operaciones de Tobalaba.

Es preciso recordar que el cierre de Los Cerrillos fue decidido por el gobierno del Presidente Lagos, en 2004.  El Colegio de Ingenieros de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción, la Federación Aérea de Chile y diversos expertos señalaron que el cierre era un error; de igual forma opinaron el Senado y la Cámara de Diputados, pero lamentablemente no fueron escuchados por las autoridades de la época.

Es más, en los últimos años hemos sido testigos de la frecuente y creciente congestión que afecta al aeropuerto Arturo Merino Benítez -que en la práctica es el único aeropuerto comercial con que cuenta Santiago-, que se traduce en altos costos para los usuarios, mala calidad de servicio y entorpecimiento de las actividades exportadoras del país.  ¡Los porfiados hechos están dando la razón a quienes no fueron escuchados!

También es necesario recordar que los terrenos que ocupa Los Cerrillos fueron comprados en la década de 1920 y donados al país por el filántropo Daniel Guggenheim (empresario norteamericano de la minería del cobre), con el objeto de contribuir al desarrollo de la aviación. 

Sobre la base de lo todo anterior, la Federación Aérea de Chile inició en 2004 una ardua, prolongada y solitaria batalla judicial, que finalmente ganó, cuando la Corte Suprema, mediante sentencia del 2 de enero de 2013, dispuso que el Estado debía reinvertir fondos equivalentes al valor de los terrenos adquiridos originalmente, en los mismos fines designados por el benefactor Daniel Guggenheim.

Entiendo que la construcción del nuevo aeródromo de Peldehue es una parte de las compensaciones que debería entregar el Estado en favor de la aviación civil y deportiva del país, como consecuencia del cierre de Los Cerrillos.

Como ciudadano pienso que es una buena decisión construir un nuevo aeródromo, como el de Peldehue, de modo de disminuir algunas operaciones en Tobalaba y reducir la posibilidad de que ocurran accidentes en su entorno, pero también pienso que el Estado, junto con impulsar la construcción de ese nuevo aeródromo, debería considerar la posibilidad de reabrir Los Cerrillos.

Me atrevería a asegurar que el daño económico que sufrirá el país, por cerrar Los Cerrillos de manera definitiva, es una cifra notablemente superior al valor de los terrenos en juego. 

En efecto, los Cerrillos no sólo tiene una ubicación privilegiada, porque está muy cerca del centro de Santiago, sino que en breve plazo contará con servicio de Metro, y además está libre de cerros que representen un peligro para la navegación aérea, como pocas zonas cercanas a Santiago lo están.  Los Cerrillos, por lo tanto, podría destinarse al tráfico nacional (doméstico), y al tráfico internacional hacia y desde ciudades como Mendoza o Buenos Aires, donde resulta eficiente el uso de aviones de tamaño intermedio, como el Boeing 737 o el Airbus 320.

Más aún, la construcción de un aeropuerto distinto de Los Cerrillos -pensado como alternativo o complemento a Merino Benítez, para descongestionar este último-, no sólo costaría una fortuna, sino que aumentaría el costo de acceso para los pasajeros, dos ventajas (entre muchas) en las que Los Cerrillos resulta imbatible. 

También hay que tomar en cuenta que el nuevo aeródromo de Peldehue sólo ha sido concebido para aeronaves menores, de modo que no será un complemento o alternativa a Merino Benítez; en consecuencia, las operaciones que antes se efectuaban en Los Cerrillos, y que ahora se podrán trasladar a Peldehue, sólo corresponden a las de aeronaves menores.  Es más, entiendo que el aeródromo de Peldehue -a diferencia de Los Cerrillos- no será apropiado para vuelos por instrumentos, que suelen ser esenciales en aviación. 

Y hay una consideración adicional, aún más importante que las anteriores: Chile es un país cíclicamente afectado por terremotos, y si uno de ellos ocurriere en Santiago, el aeropuerto Merino Benítez -tal como sucedió en 2010-, no dará abasto.  Los Cerrillos, en cambio, junto con ayudar a establecer puentes aéreos con el resto de Chile, y del mundo, permitiría instalar hospitales de campaña próximos la población eventualmente afectada.

La sentencia de la Corte Suprema obligará al Estado a reinvertir fondos equivalentes al valor de los terrenos adquiridos originalmente por Daniel Guggenheim.  Sin embargo, me temo que esa cifra -que hoy debe bordear los USD 300 millones- está muy lejos de reflejar lo que realmente vale Los Cerrillos, porque su principal valor económico no está en el terreno, ni en la pista (que se perderá) ni en las construcciones existentes, sino que en las limitaciones o restricciones -que en la práctica corresponden a servidumbres de paso- que Los Cerrillos ha impuesto legal e históricamente sobre algunos terrenos cercanos, para acotar la altura de las edificaciones permitidas en ellos, por razones de seguridad aérea.  El valor económico de esas servidumbres no sólo no ha sido considerado, sino que el Estado renunciará gratuitamente a ellas, para exclusivo beneficio de los especuladores que han adquirido terrenos cercanos, que subirán de precio cuando esa renuncia se materialice.

Y hay un problema más de fondo aún, que es la hipertrofia de la ciudad de Santiago, que ya resulta intolerable.  La ciudad no debe seguir creciendo -ni en Los Cerrillos, ni en la periferia-, sino que el país debe impulsar, de una vez por todas, una efectiva descentralización.  Pero este es tema para una discusión posterior; por el momento lo apremiante es revisar la decisión de cierre de Los Cerrillos, antes de que sea demasiado tarde.    

La prensa también ha informado que las autoridades comunales de Colina están muy contentas con la construcción del nuevo aeródromo, y tienen razón, ya que esa decisión podría aumentar la actividad económica y la importancia de la comuna.

Lo anterior me lleva a pensar que las autoridades de la comuna de Los Cerrillos también deberían impulsar la reapertura del aeropuerto, ya que si éste se reabre, no sólo se beneficiará el país sino que en esta comuna se desarrollaría un poderoso centro de actividad económica, en torno a lo que podría llegar a ser un aeropuerto tan importante como Merino Benítez.

Efectivamente, la decisión de reabrir Los Cerrillos y el consecuente descongestionamiento de Merino Benítez, no sólo beneficiaría a los habitantes de Santiago, sino que a todo el país.

Finalmente quisiera comentar un sueño: algún día, de acá a unos 40 ó 50 años, es probable que la tecnología aeronáutica dé un gran salto y permita el despegue vertical de las aeronaves, mediante el uso de nuevas generaciones de dirigibles, o mediante el control de la gravedad.  Cuando ello ocurra tal vez Santiago ya no necesite dos aeropuertos comerciales, y creo que en tal caso sería preferible mantener el de Los Cerrillos.

¿Colapsará la telefonía móvil por culpa de Conadecus?

La prensa económica informó hace poco que los ex Subsecretarios de Telecomunicaciones Jorge Atton y Pablo Bello, suscribieron una carta pública en la que critican al actual Subsecretario Pedro Huichalaf, por no ver la importancia estratégica y el sentido de urgencia que tendría la adjudicación de la banda de 700 MHz, para cerrar la denominada "brecha digital".

Al respecto, es preciso reconocer que la banda de 700 MHz va a ser necesaria para el desarrollo futuro de la telefonía móvil en el país, pero hoy no es determinante, tal como ha sostenido el Subsecretario Huichalaf.

En efecto, la capacidad de tráfico de las actuales redes de telefonía móvil se puede aumentar perfectamente bien en el corto plazo -incluso con mayor eficiencia- mediante otras acciones, como por ejemplo utilizar intensivamente la banda de 2.600 MHz, que en manos de los operadores dominantes -Entel PCS, Movistar y Claro- todavía tiene poco uso; celebrar contratos de "roaming" recíproco para acceder a la banda de 2.100 MHz, adjudicada a VTR y a Nextel y que también tiene poco uso; o aprovechar la tecnología WiFi, que operadores de otros países están empleando con éxito para descongestionar sus redes.

La adjudicación de la banda de 700 MHz se encuentra suspendida porque a fines de 2013 la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) realizó la licitación correspondiente de manera equivocada, y en lugar de aumentar la competencia favoreció el acaparamiento de espectro por parte de los operadores dominantes, estableciendo condiciones inviables para otros interesados, como los operadores móviles virtuales, amén de otros errores.  Por tal motivo, Conadecus y el operador Telestar presentaron sendos recursos judiciales, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte de Apelaciones de Santiago.  Esas deficiencias en la licitación, y la consecuente intervención de la justicia, es lo que ha demorado la adjudicación de la banda de 700 MHz, y no la prioridad que le pueda dar el Subsecretario Huichalaf.

Pero esos recursos judiciales han desatado una fuerte campaña comunicacional por parte de los operadores dominantes, para hacer ver a la opinión pública que Conadecus y el operador Telestar están impidiendo el desarrollo de la telefonía móvil, afectando la calidad de servicio -con el riesgo incluso de provocar un colapso en las redes- y perjudicando en definitiva a los consumidores.  Sin embargo, esos recursos judiciales no son la causa de la calidad decreciente que muestra hoy la telefonía móvil en Chile, toda vez que de no haber sido presentados, las redes de 700 MHz habrían estado operativas -con suerte- recién a fines de 2016, ya que el tiempo de despliegue es largo y la tecnología correspondiente aún no está madura.

Esos recursos judiciales tampoco son la causa de la brecha digital, ni de la falta de servicio en aquellas localidades y escuelas rurales que deberían ser atendidas por los operadores dominantes, como consecuencia obligada de la licitación de la banda de 700 MHz, toda vez que el mecanismo que aconsejan las mejores prácticas internacionales para tal efecto -que en Chile además está dispuesto por ley- es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), que está a cargo de la propia Subtel.  Por lo demás, reconociendo que la labor de Jorge Atton fue en general exitosa -implementó la portabilidad numérica, eliminó la larga distancia nacional y bajó fuertemente las tarifas de interconexión de la telefonía móvil- llama la atención que ambos ex Subsecretarios muestren hoy tanta preocupación por la brecha digital, en circunstancias que ninguno supo aprovechar el FDT para reducirla de manera sustancial.

En todo caso, es clave la opinión del Subsecretario Huichalaf, en el sentido que la banda de 700 MHz no es determinante, ya que se trata de un valioso antecedente adicional, que confirma que los operadores dominantes no la requieren hoy, y que sólo los mueve la intención de acaparar espectro.

También es clave lo que está en juego a través de los recursos judiciales de Conadecus y del operador Telestar: aumentar la libre competencia y mejorar las licitaciones del espectro, ya que esos dos aspectos hacen mucha falta en telefonía móvil, porque este mercado -como cualquier usuario puede apreciar- lamentablemente perdió la competitividad de antaño y se caracteriza hoy por tener precios altos y servicios de calidad insuficiente.  En consecuencia, bien se justifica impedir el acaparamiento de espectro y reformular la licitación de la banda de 700 MHz.

Partida de caballo inglés...

Todos los chilenos conocemos el refrán "partida de caballo inglés, llegada de burro", y lo empleamos para referirnos a situaciones que empiezan bien, pero que después pierden su ímpetu inicial.  ¿Se podría aplicar al caso de los cargos de acceso -o tarifas de interconexión- recientemente fijados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), para la telefonía móvil?  Los cargos de acceso son fijados cada 5 años, por disposición de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).  

El cargo de acceso es el precio que debe pagar un operador de telefonía móvil o fija, cuando las llamadas de sus clientes se destinan a la red de otro operador, y su valor es clave para que la libre competencia funcione en esta industria, de lo cual dependen -a su vez- los precios que pagaremos los consumidores y la calidad del servicio. 

Hoy es un hecho indiscutido que Subtel aplicó mal la regulación pertinente en 2003 y en 2008, dando lugar a cargos de acceso para la telefonía móvil absolutamente sobrevalorados, que en la práctica han dificultado el ingreso de nuevos operadores al mercado.  Así lo han reconocido el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la Fiscalía Nacional Económica y -en el último tiempo- la propia Subtel.

En efecto, el cargo de acceso que todavía rige en Chile es de unos $ 60 por minuto, pero el costo del servicio correspondiente se ha reducido de manera sustancial, debido al avance tecnológico, al punto que en las principales economías de Europa su precio llega hoy a sólo unos $ 7 por minuto.  Los $ 60 por minuto que aún están vigentes en Chile son -lejos- el precio más alto de la OECD.

La sobrevaloración de los cargos de acceso ha sido un error de gran magnitud, que ha obligado a los consumidores chilenos a pagar de más unos USD 4.000 millones entre 2004 y 2013, sin considerar otros costos.  ¡Eso corresponde al valor de unos 50 hospitales, a unos cinco puentes sobre el Canal de Chacao o a lo que Panamá está invirtiendo en la ampliación de su canal interoceánico, la mayor obra de ingeniería civil de esta época!

En el pasado mes de noviembre, como parte del proceso tarifario definido en la LGT, Subtel -luego de revisar los estudios tarifarios de todos los operadores de telefonía móvil- propuso un cargo de acceso de $ 7,7 por minuto, como valor promedio, para el quinquenio 2014-2018.  Sin embargo, los principales operadores de telefonía móvil empezaron a presionar a Subtel, con la advertencia de que cuatro millones de usuarios de prepago quedarían sin servicio, si el cargo de acceso bajaba de manera tan violenta.  En el mes de diciembre, los operadores de telefonía móvil entregaron sus contrapropuestas a Subtel (los operadores dominantes pretendían que el valor propuesto por la autoridad aumentase notablemente, mientras que los operadores pequeños pretendían que bajase un poco más). 

En días recientes -y conforme lo dispone la LGT- Subtel adoptó su decisión final y fijó el cargo de acceso en $ 11,6 por minuto, como valor promedio, para quinquenio 2014-2018.

¿Tuvo este proceso una "partida de caballo inglés", para terminar en "llegada de burro"?

Depende.  Si comparamos el resultado con los $ 60 por minuto que todavía rigen en Chile, el nuevo precio promedio de $ 11,6 por minuto es un avance notable, ya que corresponde a una rebaja del 80%, que corrige en gran medida los graves errores que se cometieron en el pasado.  Sin embargo, si lo comparamos con el valor que la propia Subtel había anticipado en noviembre -que era similar a los que hoy se observan en los mercados más competitivos del mundo- el nuevo precio promedio representa un inesperado aumento de un 50%.

Veámoslo a través de un ejemplo.  Una persona del sur que está alojada en Providencia y que no conoce bien Santiago, toma un taxi para dirigirse con sus maletas a la Estación Central, pero el taxista se equivoca, confunde el Palacio de La Moneda con la Estación Central y deja a su pasajero en pleno centro, a veinte cuadras de la estación.  Como no puede subir a un Transantiago con las maletas, y todos los taxis del centro están ocupados, al indefenso pasajero no le queda más remedio que irse a pie hasta la Estación Central y sudar la gota gorda.  ¡Ha pagado un enorme costo, por culpa del inexperto taxista! 

Pero en un nuevo viaje a Santiago, la persona tiene más suerte y encuentra un taxista ducho, que baja por la Alameda -como corresponde-, pasa frente a la Estación Central y le dice al pasajero "mire, ahí queda la Estación Central", pero inexplicablemente no se detiene sino que se devuelve y para recién a dos cuadras de la estación.

Ciertamente es preferible que el pasajero quede a dos cuadras de la Estación Central, que a veinte, pero lo ideal, lo lógico, lo justo, habría sido dejarlo en la misma Estación Central. 

En lo personal he criticado varias de las actuaciones clave de Subtel de los últimos diez años (en temas como la regulación de los cargos de acceso, la administración del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la asignación del espectro radioeléctrico o el trato preferente que a veces ha dado a los grandes operadores, en desmedro de los pequeños), pero eso no me ha impedido reconocer sus aciertos (como la portabilidad numérica o la eliminación de la larga distancia nacional).  Sin embargo, creo que han sido muchos más los errores que los aciertos, y que las actuales autoridades de este organismo no lograron inclinar la balanza en favor de éstos. 

En noviembre -cuando conocí la propuesta de $ 7,7 por minuto para el cargo de acceso- pensé que las actuales autoridades de Subtel estaban dando por fin un golpe de timón contundente, para enmendar definitivamente el rumbo que llevaba este organismo.  Hoy se aprecia que hicieron un gran esfuerzo -que en lo personal reconozco- pero que lamentablemente no fue suficiente.  En otras palabras, en noviembre yo les habría puesto nota 7 por su actuación en los cargos de acceso; hoy no les podría poner más de un 5.

En todo caso, la rebaja que acaba de decidir Subtel para el cargo de acceso -aunque insuficiente, en mi opinión-, ayudará a recuperar la libre competencia en la telefonía móvil de nuestro país.  Sin embargo, para que este mercado funcione como es debido, habrá que implementar también varias otras medidas, como el término definitivo de las diferencias de precios "on-net"/"off-net" que dispuso el TDLC en diciembre de 2012, las ofertas mayoristas para operadores móviles virtuales que ordenó la Corte Suprema en diciembre de 2011 o una mejor asignación del espectro radioeléctrico, de modo de evitar que este recurso se siga concentrando en pocas manos.

¿Y desaparecerán cuatro millones de usuarios de prepago?  Ni uno, pienso yo, ya que si las empresas dominantes dejan de atender a determinados usuarios, los nuevos operadores de telefonía móvil -que por los factores anticompetitivos ya indicados no habían logrado abrirse paso en el mercado- gustosamente los atenderán, y de paso les cobrarán tarifas inferiores a las que pagan hoy.

Telecomunicaciones y Orden Público Económico

¡Cualquiera de nosotros ha cometido errores, qué duda cabe! Errar es humano, y me parece un noble gesto que el Presidente Piñera haya pedido perdón por los errores que cometió el Instituto Nacional de Estadísticas en el último censo, que significarán haber botado a la calle unos USD 60 millones de los contribuyentes. Lo importante, entonces, no es no cometer errores, sino que reconocerlos y -sobre todo- corregirlos.

Sin embargo, hay una materia muy importante para toda la población, donde los dos gobiernos anteriores cometieron un grave error, que ha pasado prácticamente desapercibido y que en diez años le ha costado a los consumidores no menos de USD 4.000 millones, sin que ninguna autoridad administrativa lo haya reconocido hasta ahora, ni menos corregido o pedido perdón por él. Más aún, el actual gobierno podría estar a punto de repetir el mismo error, y la única vía para evitarlo parece ser hoy la judicial.

Me refiero al cargo de acceso del servicio público de telefonía móvil, cuyo valor fue muy mal regulado por las dos administraciones pasadas. El cargo de acceso es el precio que debe pagar un operador de telefonía móvil, cuando la llamada de uno de sus clientes se destina a un teléfono conectado a la red de otro operador; su valor es clave para que haya competencia en esta industria, y la ley sectorial ordena regularlo cada cinco años, labor que recae fundamentalmente en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Por el excesivo precio que tiene actualmente el cargo de acceso de la telefonía móvil, el mercado de las telecomunicaciones ha perdido una parte importante de la competitividad que alcanzó en la década de los 90, lo que se ha traducido en altos precios para la mayoría de los consumidores -especialmente los de menos recursos-, servicios de calidad decreciente y pérdidas financieras para muchas de las empresas de menor tamaño que han tratado de ingresar a este mercado.

En efecto, el cargo de acceso actualmente vigente en Chile, determinado por Subtel en 2008 y que regirá hasta comienzos de 2014, es de unos $ 60 por minuto, mientras que el costo del servicio correspondiente se ha reducido sustancialmente por el avance tecnológico, al punto que en las principales economías europeas su precio llega hoy a tan sólo unos $ 7 por minuto como valor promedio (los $ 60 por minuto vigentes en Chile son hoy, por lejos, el precio más alto de la OECD).

Actualmente Subtel está en medio del proceso tarifario que determinará el precio del cargo de acceso para el próximo quinquenio, y mientras los principales operadores han entregado estudios técnicos que justificarían bajarlo a unos $ 30 por minuto, los operadores de menor tamaño han entregado estudios que justifican bajarlo a menos de $ 6 por minuto. ¡Es imposible entender cómo estudios presuntamente equivalentes, elaborados con la misma metodología definida en la regulación sectorial, entregan resultados tan dispares!

La sobrevaloración del cargo de acceso no sólo encarece las llamadas de un operador a otro, sino que se ha convertido también en un pretexto para diferenciar las tarifas según el destino de las llamadas. De ese modo, los principales operadores han hecho que las llamadas con destino a la red de otro operador (llamadas “off-net”) resulten notoriamente más caras, en comparación con las que se inician y terminan dentro de la red de un mismo operador (llamadas “on-net”). Pero ésta es una práctica absolutamente anticompetitiva, que tiene como único objetivo impedir la entrada de nuevos competidores, tal como lo reconoció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en su Instrucción de Carácter General Nº 2/2012 (ICG 2/2012), que proscribe dicha práctica a partir del instante en que Subtel concluya el proceso tarifario en curso.

La intención de la ICG 2/2012 es correcta, ya que procura facilitar el ingreso de nuevos operadores a esta industria, lo que a su vez debería aumentar la competencia en telefonía móvil, que hoy se encuentra muy debilitada. Cabe tener presente que los nuevos operadores escasamente superan hoy el 1% de participación de mercado en su conjunto, lo que es bajísimo y muy preocupante a la vez.

El considerando vigésimo de la ICG 2/2012 del TDLC reconoce -de manera muy acertada- que si el valor del cargo de acceso reflejara realmente el costo de terminación de las llamadas, no habría razones para diferenciar las tarifas según la red de destino, pero el considerando siguiente agrega que Subtel no ha podido fijar correctamente ese valor, porque no dispone de información que le permita conocer los costos de una empresa eficiente de telefonía móvil (lo que de paso indica que Subtel despilfarró los ingentes recursos que destinó en 2003 y 2008 a las consultorías correspondientes).

Sin embargo, la ICG 2/2012 tiene algunos talones de Aquiles, uno de los cuales es precisamente que si en 2013 Subtel vuelve a cometer los errores que cometió en el pasado, y los cargos de acceso se fijan nuevamente en un valor excesivo, la referida instrucción podría resultar muy poco efectiva y las puertas del mercado permanecer cerradas para los nuevos operadores. En otras palabras, el éxito de la ICG 2/2012 -o su fracaso- dependerá esencialmente del valor que Subtel fije en 2013 para el cargo de acceso de la telefonía móvil.

Pero hasta el momento nada asegura que esta vez Subtel regulará bien el cargo de acceso, ya que no ha dado indicios que permitan presumir que tomó un rumbo adecuado en esta materia. Por el contrario, ha mostrado señales erráticas, que hacen imposible prever el resultado.

Sin embargo, es preciso tener presente que la regulación de los cargos de acceso sólo intenta determinar técnicamente los precios máximos a cobrar, que corresponden a aquellos que se establecerían libremente en el mercado de las interconexiones, si éste pudiera ser competitivo. En consecuencia, los próximos decretos tarifarios deberían recordar a los operadores dominantes que las tarifas reguladas son máximas y deben aplicarse de manera no discriminatoria, de modo que las bajen automáticamente y las mantengan siempre por debajo de los menores precios de prestaciones equivalentes que ellos mismos ofrecen a sus propios clientes, y que han sido libremente determinados por el mercado. De aplicarse este criterio -que, insistimos, es perfectamente posible de incorporar en los próximos decretos tarifarios, sin que se requieran cambios legales- ya no tendrían mayor relevancia los errores que pueda cometer Subtel en el proceso tarifario en curso.

No está demás señalar que en este momento se tramita en la Corte Suprema un importante recurso de reclamación, en contra de la ICG 2/2012, impulsado por un nuevo entrante a esta industria. Dicha reclamación no pretende eliminar la referida instrucción del TDLC, sino que por el contrario, busca robustecerla y evitar que se convierta en letra muerta. Precisamente, uno de los puntos en discusión procura que los cargos de acceso regulados por Subtel sean aplicados de manera no discriminatoria, respecto de las menores tarifas por servicios equivalentes que hayan sido libremente determinadas por cada operador.

El éxito del modelo de economía de mercado imperante en Chile descansa en un pilar fundamental, que es la libre competencia, y por lo mismo es muy preocupante que algunos órganos administrativos encargados de regular o fiscalizar actividades económicas no estén funcionando como es debido. En el caso específico de las telecomunicaciones, es posible afirmar que la autoridad reguladora prácticamente no ha aplicado el espíritu de la ley sectorial desde hace más de 10 años, y ha sido la Corte Suprema la que ha tenido que restaurar el orden público económico. En consecuencia, la intervención del TDLC y de la Corte Suprema resultará indispensable, cada vez que las acciones u omisiones de los órganos reguladores no aseguren la protección de ese pilar fundamental de nuestra sociedad.

El Mostrador, 28 de Agosto de 2013